El crudo que se apoderó de la Amazonía ecuatoriana

La vida de los pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en el nororiente del Ecuador, se encuentra literalmente perforada por la industria petrolera. Empozadas en su pobreza, hay más de 80 comunidades indígenas y de colonos que habitan rodeados de cañerías petroleras, que irrumpen la fachada de sus hogares y ríos, pese a los problemas de salud que esto puedo ocasionar. “El petróleo nos robó la libertad. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que ya no se pueden bañar ni tomar agua de los ríos, pues pueden contraer enfermedades que no conocemos?”, se pregunta Eduardo Silvio Chapal, profesor de la comunidad Dureno, en Sucumbíos.

Para este reportaje El Comercio visitó los campos Yuca y Auca, ubicados en Orellana, así como el campo Lago Agrio en Sucumbíos, donde existen varios pozos y piscinas de petróleo (como Yuca 2B, Yuca 3 y Aguarico 3), que fueron operados por Texaco Petroleum Company desde 1972 hasta 1990 y, según las autoridades, no han sido remediados como corresponde, pese a estar inoperativos.

Así, las poblaciones aledañas a los campos hoy sufren graves problemas de salud pública que –las autoridades aseguran– son producto de la contaminación ambiental. También es común encontrar en la zona barriles de petróleo y otras sustancias altamente tóxicas abandonados en plena carretera sin estar protegidos por muros de contención u otro resguardo.

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?

Los pobladores de Sucumbíos y Orellana son los protagonistas de una larga lucha legal contra la gigante petrolera Chevron. “No queremos dinero. Peleamos por la verdadera limpieza de nuestras comunidades”, dice Medardo Zhingre, residente del campo Yuca y miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco. Esta se conformó en 1993 para demandar a la referida compañía estadounidense (comprada por Chevron en el 2001) por todos los daños ambientales producidos entre 1972 y 1990 en 500 mil hectáreas de concesión otorgadas en la Amazonía ecuatoriana. Hoy la asamblea está representada por 47 demandantes que reclaman por los perjuicios causados a 33.000 pobladores.

Luis Yanza, coordinador de la asamblea, refiere que en el 2003 el proceso se trasladó de Nueva York a la corte de Sucumbíos, a petición de Chevron. Recién el 14 de febrero de este año, Nicolás Zambrano, juez de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó sentenció contra Chevron y la obligó a pagar US$8.600 millones y pedir disculpas públicas por los daños ambientales y de salud provocados. “Si no lo hace, el monto se duplicará”, advierte Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.

En su defensa, James Craig, portavoz oficial de Chevron, sostiene que la demanda carece de fundamentos que sustenten las acusaciones. “Por el lado técnico comprobamos que Texaco hizo la remediación que se le exigió, según su participación en el Consorcio Petroecuador-Texaco [formado en 1976], en el que Petroecuador tenía el 62,5% de participación y Texaco 37,5%. Así, a mediados de los años noventa remediamos 162 de 430 piscinas petroleras ubicadas en seis áreas de derrame. Acá quien no ha cumplido con su responsabilidad es el Estado Ecuatoriano”, alega Craig.

No obstante, según Fajardo, hay expedientes técnicos que indican que, en realidad, hay más de 1.000 piscinas que debían ser saneadas y aclara que Texaco utilizó parámetros inadecuados para hacer la referida remediación ambiental. Craig responde y dice que Chevron ha encontrado fraude en la redacción de la sentencia de Zambrano. “La mayor parte de la historia oculta no la conocemos todavía”, concluye Fajardo, al insinuar que en este juicio no han faltado casos de corrupción y amenazas en contra de los siete jueces que han visto este proceso.

LAS VÍCTIMAS

Pese a su riqueza petrolera, en Sucumbíos y Orellana no faltan casos de pobladores que sufren de llagas en el cuerpo, cáncer y malformaciones. Es el caso de Margarita Conquinchi, madre de un joven que nació con meningitis. “Los médicos me dijeron que su enfermedad la provocó el agua contaminada por hidrocarburos que tomaba cuando estaba embarazada”, refiere. “Acá nos enfrentamos contra la muerte”, dice a su turno la enfermera Isabel Bone, quien afirma que desde hace 20 años ha atendido cientos de casos de cáncer en el centro de salud de Taracoa, en Orellana.

Édgar Chamba, oncólogo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) que opera en la zona, dice que en el 2009 diagnosticó 80 casos de cáncer de 2.000 consultas realizadas, y en el 2010 detectó 249 nuevos casos de 5.000 consultas realizadas. “Principalmente, son casos de cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel. Lamentablemente, no existe un estudio concluyente que compruebe que la explotación petrolera puede causar esta enfermedad”, dice.

James Craig no niega que en Orellana y Sucumbíos haya problemas de salud, pero dice que esto es consecuencia de la falta de infraestructura y saneamiento adecuado de la zona.

En todo caso, Juan Carlos Méndez, representante del grupo Faro (institución que ha realizado varias investigaciones en la Amazonía ecuatoriana), no ve demasiadas esperanzas en el juicio contra Chevron. “La petrolera tiene mucho más poder que las comunidades. Pero todo este lío se dio por el poco control y la falta de leyes adecuadas para fiscalizar la industria petrolera desde los años setenta”, indica. Según el experto, en un país como Ecuador, donde el petróleo representa el 18% del PBI y se extraen más de 400 mil barriles de petróleo diarios, será muy difícil enfrentar los problemas ambientales que afectan la flora, fauna y tantas vidas humanas.

Fuente: El Comercio Perú, (17-Jul-11)

Mafias amenazan Altiplano, valles y fronteras de Puno

Puno no es un problema matemático. Desde su capital comercial en Juliaca, hasta los emporios de contrabando y trasiego de dinero en Tilali y Desaguadero, en la frontera aimara con Bolivia. Por encima de los nevados de 5.200 m.s.n.m. en la localidad aurífera de Ananea, cuyos relaves de cianuro y mercurio envenenan los ríos de Azángaro que desembocan en el lago Titicaca, hasta la selva de Inambari y Tambopata, en donde prolifera el narcotráfico. De este a oeste y de norte a sur, los conflictos sociales de esta zona –en la mira de compañías de generación eléctrica, mineras y petroleras– no tienen fórmula única de solución.

LA RINCONADA

A cinco horas de Puno, en el distrito de Ananea (San Antonio de Putina), se empieza a extrañar el frío clima de la ciudad del lago. Mientras la temperatura cae sin paracaídas, una larga carretera sin asfaltar deja ver el manto del nevado Bella Durmiente. A ambos lados de la pista, sin embargo, el panorama se transforma y aparecen los terribles efectos de la minería ilegal descontrolada: toneladas de tierra removida, cráteres kilométricos, basura por doquier, relaves dorados que se ramifican sin fin, maquinaria pesada sin placa (innumerables volquetes, cargadores frontales y excavadoras), así como ruidosos motores conectados a largas mangueras que bombean el agua desde una laguna cercana hasta los ‘chutes’, como le llaman a las estructuras artesanales utilizadas para separar la tierra de lo que podría ser un gramo de oro cotizado entre 60 u 80 soles.

Así se ingresa a La Rinconada, pueblo minero ubicado en las faldas del nevado que da origen al contaminado río Carabaya, luego Ramis. Esta comunidad, habitada por más de 12 mil personas (de las 20 mil que hay en Ananea, según cifras oficiales), alberga socavones desde hace varias décadas. El problema actual empezó entre los 80 y 90, cuando los lugareños, agrupados en cooperativas, a las que luego se sumaron informales, se lanzaron a buscar oro y acabaron convirtiéndose en una plaga caótica que se extendió a los poblados de Pampa Blanca, Chaquiminas y el lago Suches, entre otros. El fiscal ambiental de Puno, Federico Chávarry, quien investiga a varios empresarios mineros que depredan la zona, como supuestamente ocurre con el electo congresista fujimorista Francisco Ccama, reveló que también tiene en la mira actos ilícitos propios de mafias, como evasión de impuestos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que se reflejan en la compra de maquinaria pesada. “En Ananea se perpetra el principal atentado ecológico de Puno”, dice el fiscal, aunque por ahora lejos de la enorme deforestación de la selva de Madre de Dios.

En junio pasado el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 028-2011 por el que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas en el decomiso de la maquinaria pesada en Ananea en un plazo de 60 días hábiles, el apoyo a la formalización de la minería ilegal, la no exploración en las concesiones y la limpieza del contaminado río Ramis. En La Rinconada, sin embargo, todo sigue igual: hombres y máquinas continúan su depredadora rutina ante la solitaria atención de una comisaría y un juzgado de paz.

Unos suben y bajan de los socavones sin descanso, ensimismados y sin prestar atención al extraño. Otros trabajan en sus ‘chancadoras’ de mineral, mientras que el resto observa posibles pepitas de oro o celebra, cerveza en mano, en los improvisados bares al pie del nevado. En tanto, los niños, futuros mineros, juegan Play Station en casas de calamina que en las noches soportan hasta -10 °C. En los exteriores de la comunidad –último paradero de decenas de combis y buses que salen y llegan de Juliaca– la vorágine es imparable: las excavadoras remueven el Altiplano, los motores y las gruesas mangueras aplacan su sed.

Las autoridades, que prefieren no ser identificadas, se preguntan cómo hará el Ejército para decomisar la maquinaria en los alrededores de La Rinconada. “Basta que los mineros enganchen las retroexcavadoras y nadie las mueve. Tendrían que dinamitarlas, como hicieron con las dragas de Madre de Dios. Tremenda pelea se va a armar”, advierte un funcionario del lugar. En el distrito de Asillo (Azángaro), su alcalde, Víctor Cutisaca, espera el cese de la contaminación del caudal del Ramis, cuyas aguas transitan por su jurisdicción. “En la época de lluvias el río se convierte en una mazamorra que envenena nuestros suelos y cultivos”, afirma.

PAMPA YANAMAYO

En esta comunidad de 600 habitantes en el distrito de Alto Inambari (Sandia) acaba la carretera. No será la cuenca del Monzón en el Huallaga o la de Santa Rosa en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), pero Pampa Yanamayo se ha convertido en los últimos años en la puerta de ingreso al principal emporio de las drogas en Puno. Oficiales de inteligencia que han recorrido los caminos de herradura del lugar cuentan que esta es una zona hostil. Aquí solo mandan el río Inambari, los cocaleros locales, los ‘colonos’ ayacuchanos y los visitantes bolivianos y colombianos que llegan a Isilluma, un pueblo que promete ganar fama en la órbita del narcotráfico.

“Allí hay pozas de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas”, indica el comandante Benigno Sora Luis de la policía antidrogas de Sandia, en donde está el último puesto policial en la ruta de tres horas a Massiapo y Pampa Yanamayo. Aquí se interceptó una avioneta en el 2007 y se arrestó a un colombiano. No solo eso, en abril pasado sicarios peruanos asesinaron a dos bolivianos que habían comprado droga en Pampa Yanamayo. La producción de pasta básica también se extiende al distrito de San Pedro de Putina Puncco, ubicado en la cuenca del río Tambopata, en la frontera con el Parque Bahuaja Sonene.

En esta región –que tiene como vecina a la Central de Cooperativas Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), que produce el famoso café Tunki– hay cierto temor de hablar sobre el narcotráfico. Tibed Yucra, catador de Cecovasa en San Pedro de Putina Puncco, afirma que la única alternativa es la coexistencia, aunque no sea fácil. El 2010, por ejemplo, los cocaleros paralizaron una propuesta de Devida y de la Municipalidad de Sandia para reforestar la zona, indicaron que el real objetivo era la erradicación. Hoy tienen más poder ya que el actual alcalde de Sandia, Isaac Choque Apaza, es cocalero. El burgomaestre dice: “No hay muchos cultivos de coca pues las tierras están cansadas. De lo que se produce, casi todo se vende a la Empresa Nacional de Coca (Enaco) y lo sobrante es para el chacchado en las minas”.

Walter Quispe Becerra, representante de Enaco, arroja por los suelos esta versión: “Ellos solo entregan el 0,05% de su producción de coca y el alcalde Choque recién lo hizo después de dos años”. El fiscal en Sandia Jony Castillo Velásquez indica que las autoridades están “cercadas” por los cocaleros. “Ya pidieron la salida del equipo antidrogas del distrito y amenazaron con quemar la sede del Ministerio Público”, alerta el fiscal. Y así, mientras la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga refiere en su último informe que los cultivos de coca en los valles de Inambari y Tambopata suman más de 3.200 hectáreas (casi tanto como Llochegua o Tingo María), el alcalde de Sandia insiste en resaltar las bondades frutícolas de su provincia.

RUTA TILALI-JULIACA

No tiene el estigma social de la minería informal o el narcotráfico, pero el contrabando que traslada la ‘culebra’ –como le llaman a la caravana de camiones que procede de la ciudad boliviana Puerto Acosta y evade el Puesto de Control Aduanero de Tilali (en la provincia aimara de Moho)– corroe la economía de Puno. Pero es en Juliaca donde se percibe la real dimensión de dicho delito. Ya no sorprenden los artículos de vestir, de consumo (hay hasta huevos de contrabando) o equipos informáticos que también ingresan por el distrito aimara de Desaguadero (Chucuito) bajo la modalidad de ‘hormiga’. En los últimos años se ha hecho más fuerte el contrabando de vehículos, desde volquetes hasta retroexcavadoras, que se aglomeran en fila india en el centro de Juliaca.

Oficiales aduaneros, que prefirieron el anonimato, también alertaron sobre el incremento del trasiego de millonarias sumas de dinero que ingresan y salen por la frontera con Bolivia dentro de autos. “Estamos desbordados. Todo esto ya no es tradicional, esto es crimen organizado”, dijo un agente en Tilali. Hoy más que nunca, bajo los escombros de los locales de Aduanas y de Sunat en Puno (extrañamente quemados tras las protestas contra la minería en mayo pasado), los funcionarios locales piden la presencia del Estado ante la aparición de caudillos radicales y oportunistas de turno. Quizá esta sea la única variable para entender la complejidad de la región altiplánica y de sus diversos conflictos sociales. Puno, ahora queda claro, no es un frío problema matemático.

Fuente: El Comercio Perú, (17-Jul-11)

La Tierra, “socia” principal de los negocios del siglo XXI

Al tiempo de hacer negocios nadie la toma en cuenta. Sin ella, sin embargo, no habría ninguna posibilidad de concretarlos. No se escucha a la socia más importante del desarrollo humano y del crecimiento económico. Solo por ella podemos pensar algún tipo de emprendimiento. Poco a poco parece comprenderse que la Tierra, nuestro planeta, es una socia estratégica que debe regir las grandes decisiones del siglo XXI.

ECOSISTEMAS BAJO PRESIÓN

Nuestros patrones de consumo y una visión obsoleta de negocios –que no valora los servicios ambientales de los ecosistemas, ni los pasivos ecológicos que generamos– ejercen una presión ambiental sin precedentes. Persiste la falacia de que los recursos naturales estarán allí por siempre para crear negocios e impulsar el crecimiento económico. El panorama dice otra cosa: deforestación, pérdida de fuentes de agua, tierras de cultivo y hábitats para diferentes especies de flora y fauna, empobrecimiento de la biodiversidad, sobrepesca, contaminación, expansión de desiertos, calentamiento global, crecimiento de la pobreza y baja calidad de vida en las zonas más afectadas por concepciones de desarrollo que literalmente arrollan a la naturaleza.

¿ANTROPOCENO Y NO HOLOCENO?

Expertos como el profesor sueco Johan Rockstrom –considerado uno de los personajes más influyentes del mundo en temas ecológicos– estiman que en pocas décadas el planeta no podrá sostener el desarrollo humano ni la economía. Director del Instituto Ambiental de Estocolmo y del Centro de Resiliencia de Estocolmo, afirma: “Nunca hemos visto, en los últimos 50 años, un deterioro tan pronunciado de funciones y servicios del ecosistema planetario. Podríamos, de hecho, haber entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno, en el que los humanos son el motor predominante del cambio planetario”. Esto en vez del saludable Holoceno (del griego holos, todo, y kainos, reciente o la era totalmente reciente) en la que se supone deberíamos estar viviendo. Para el sueco la gran pregunta empresarial es: “¿Cuáles son los límites planetarios dentro de los que se puede operar con seguridad?”.

CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO

Abundan experiencias exitosas de potenciales emprendimientos económicos, que no afectan al ambiente. En este camino la investigación científica y tecnológica es fundamental para moldear la nueva empresa del siglo XXI. Tomemos, por ejemplo, el caso de la industria del plástico, dependiente del petróleo como materia prima y cuyos productos son tremendamente contaminantes (una botella plástica puede tardar tanto como hasta mil años para degradarse). La llamada “mancha del Pacífico”, no es otra cosa que un basural de plástico del tamaño de Canadá, acumulado por las corrientes en medio del océano, sin solución a la vista. Otro caso de terror es el de la espuma plástica (tecnopor y sus variantes), su base es la gasolina y es usado en vasos descartables, embalaje, entre otros desechables. Según EPA, la agencia ambiental norteamericana, representa hasta el 25% de la basura de ese país. El material es carcinogénico, no se degrada solo se pulveriza y se han encontrado sus rastros hasta en la sangre y tejidos humanos. ¿Solución? Producción masiva de plásticos biodegradables a base de plantas.

La ciencia ha descubierto en los hongos una materia revolucionaria y barata para crear una gran industria del plástico favorable a la socia Tierra. El inventor Eben Bayer dice que todo producto que creamos debe adecuarse al “sistema de reciclaje natural que ha estado en vigor durante mil millones de años”. A partir del hongo micelio, fácilmente cultivable sobre bases de desechos agrícolas –en moldes con la forma de lo que desea producirse– ha creado plásticos, material de construcción, mobilario y pegamentos, 100% degradables.

CHAU PETRÓLEO

Para la investigadora Lisa Margonelli, no es posible “pensar que podemos tener un mundo verde, sin disminuir la cantidad de petróleo que consumimos”. Pero ¿cómo deshacerse de una sustancia tan presente en nuestras vidas y finalmente base de la economía? Para ella es esencial que nos asumamos como “la gente del hidrocarburo”. Se entiende que solo a partir de allí –como cuando un alcohólico acepta su problema– empezaremos a curar nuestra dependencia de una sustancia cuya exploración y explotación es uno de los negocios más inconvenientes para la socia Tierra: contaminación, deforestación y hasta guerras trae.

“Nuestro éxito económico y el bienestar está directamente relacionado con la cantidad de petróleo que consumimos”, dice el británico Rob Hopkins, fundador de un grupo que apuesta por las tecnologías limpias para liberarnos del oro negro. Y en esas energías limpias existe un vasto campo de negocios útiles para la socia Tierra.

Para el geofísico Richard Sears, científico de MIT, vinculado a la petrolera Shell, el petróleo desaparecerá antes que después de nuestras vidas porque “hace miles de años, las personas inventaron ideas, innovaciones, tecnología. La Edad de Piedra terminó no porque se nos acabaran las piedras. Son ideas, es innovación, es tecnología lo que terminará con la edad del petróleo mucho antes de que se acabe”. Y en esas ideas está hacer de la Tierra la socia principal de la economía del siglo XXI.

Fuente: El Comercio Perú, (11-Jul-11)